La cantante colombiana afirma que “jamás existió fraude, y la propia Administración nunca logró probar lo contrario, simplemente porque no era cierto”.
Shakira ha recibido con alivio y satisfacción la sentencia de la Audiencia Nacional, que obliga a Hacienda a devolverle más de 60 millones de euros, considerando el fallo como una victoria frente a un organismo que, según ella, le hizo la vida muy difícil durante una década. Aunque la resolución no modifica la condena penal que la cantante aceptó, representa para ella un triunfo tanto económico como moral. “Después de ocho años soportando un señalamiento público brutal, campañas destinadas a dañar mi reputación y noches sin dormir que afectaron mi salud y la de mi familia, finalmente la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su lugar”, declaró este lunes.
El tribunal ratificó lo que Shakira había sostenido desde que los inspectores de la Agencia Tributaria comenzaron a investigar su patrimonio: que, al menos en 2011, no debía ser considerada residente fiscal en España y, por tanto, no le correspondía pagar impuestos en el país. “Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca logró demostrar lo contrario, sencillamente porque no era cierto”, expresó la cantante en un comunicado difundido por su equipo, lamentando haber sido “tratada como culpable” durante todo el proceso. “Cada paso del procedimiento fue filtrado, distorsionado y amplificado, utilizando mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje intimidante al resto de los contribuyentes. Hoy esa narrativa cae, respaldada por la fuerza de una sentencia”.
“Mi mayor deseo”, afirma Shakira, “es que este fallo marque un precedente para Hacienda y sirva de apoyo a los miles de ciudadanos anónimos que día a día son sometidos a un sistema que presume su culpabilidad y los obliga a demostrar su inocencia desde la ruina económica y emocional”. “Esta victoria va dedicada a ellos”, añade en un texto donde omite mencionar la condena penal que ella misma asumió.
No es la primera vez que la cantante critica a la Agencia Tributaria, cuya presión, según algunos, motivó que a comienzos de 2023, justo antes del juicio por fraude fiscal, se trasladara a Miami para cuidar de sus hijos junto a su expareja, el futbolista retirado Gerard Piqué. Meses después, en noviembre, Shakira regresó brevemente a España para presentarse en el banquillo de los acusados, donde aceptó una pena de un año de cárcel (sin necesidad de cumplirla) por cada uno de los tres delitos fiscales correspondientes a 2012, 2013 y 2014 imputados por la Fiscalía. Para evitar la exposición pública y los riesgos de un juicio prolongado, la artista reconoció que debía pagar esos impuestos y asumió además una multa de 7,3 millones de euros.
Casi un año después, ya instalada en Miami, Shakira publicó una carta en la que criticaba duramente a Hacienda por actuar con “prejuicios machistas” e intentar “quemarla públicamente en la hoguera mediática”. En ella explicaba que su decisión de aceptar la condena estaba motivada por la protección de sus hijos y el deseo de evitarles la exposición a un proceso judicial largo y desgastante.
