Karla de la Cuesta ha salido al frente tras la demanda interpuesta por Gloria Trevi, la cual considera una grave vulneración a su derecho fundamental de libertad de expresión. La disputa comenzó hace dos semanas cuando el equipo legal de Trevi inició un proceso legal contra de la Cuesta, acusándola del uso no autorizado de la imagen de la cantante en su libro “Todo a la luz. El caso criminal que México dejó en la oscuridad”. En este texto, de la Cuesta detalla episodios relacionados con el caso criminal del clan Trevi-Andrade, un tema que ha sido objeto de controversia en la sociedad mexicana por su vinculación con abuso y explotación.

Es importante señalar que, previamente, Gloria Trevi había intentado que este libro fuera retirado del mercado, pero fracasó en su solicitud. La cantante había pedido, en una demanda anterior, que la publicación fuera retirada de circulación, pero el tribunal no le dio la razón, lo que resultó en un fuerte golpe a sus intenciones de controlar la difusión de información relacionada con el caso.

En su respuesta a la demanda, Karla de la Cuesta señala que la acción legal emprendida por Trevi no solo constituye una falta a sus derechos como autora de una obra de investigación periodística, sino que también busca bloquear el acceso a la información relevante para el público. La escritora sostiene que esta demanda constituye una clara violación de los derechos fundamentales de libertad de expresión y el derecho de los mexicanos a la información, los cuales están protegidos por la Constitución del país. De la Cuesta argumenta que la obra que ha creado no solo es un análisis jurídico del caso Trevi-Andrade, sino también una contribución importante a la comprensión de uno de los escándalos más resonantes de la cultura mexicana contemporánea.

De la Cuesta también critica la actitud de Gloria Trevi hacia las víctimas, alegando que la cantante, a través de múltiples proyectos mediáticos, como libros, películas y bioseries, ha revictimizado, difamado y humillado a las sobrevivientes de los abusos perpetrados por el clan Trevi-Andrade. La autora argumenta que estos proyectos de la cantante no solo carecen de sensibilidad hacia las víctimas, sino que también perpetúan una narrativa manipuladora y distorsionada de los hechos. Según de la Cuesta, la demanda presentada por Trevi busca restringir la libertad de aquellos que se atreven a contar la verdad detrás de los abusos sufridos por las víctimas del caso, tratando de silenciar cualquier tipo de crítica.

Otro punto relevante en la defensa de Karla de la Cuesta es su solicitud al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para que se declare la nulidad de la marca “Gloria Trevi”. De acuerdo con el comunicado emitido por la escritora, la marca de la cantante fue construida sobre un legado de abuso, explotación y tortura. De la Cuesta señala que la imagen pública de Trevi, que ha sido utilizada con fines comerciales y mediáticos, se cimienta sobre los abusos sufridos por al menos once víctimas. La escritora considera que, si Trevi realmente admite los abusos y el sufrimiento que se le atribuyen a su entorno, debería también reconocer que su marca y su imagen pública tienen un origen ilegal. En este sentido, de la Cuesta plantea que la cantante, al negar la responsabilidad de los abusos, sigue aprovechando la notoriedad de su marca sin asumir las consecuencias de sus acciones y las de aquellos que formaban parte de su círculo cercano.

El enfrentamiento legal entre Karla de la Cuesta y Gloria Trevi ha desatado una polémica que toca varios temas fundamentales: la libertad de expresión, los derechos de las víctimas y la responsabilidad social de las figuras públicas. En un país como México, donde la información y los medios de comunicación juegan un papel crucial en la defensa de los derechos humanos, este tipo de conflictos deja en evidencia la tensión existente entre la protección de la libertad de expresión y el poder de las celebridades para controlar su imagen pública.

Este caso se ha convertido en un símbolo de cómo las figuras públicas intentan ejercer control sobre la información que se difunde sobre ellas, mientras que, por otro lado, existe una presión creciente por parte de la sociedad para que se respeten los derechos de las víctimas y se den a conocer todas las aristas de una historia que ha marcado a generaciones. Al mismo tiempo, se plantea una reflexión sobre los límites de la libertad de expresión en el contexto de los abusos de poder y la explotación, y sobre cómo las leyes deben adaptarse para proteger tanto a las víctimas como a la integridad de las investigaciones periodísticas y el derecho del público a conocer la verdad.